Además, este totalitarismo cultural ha logrado
cumplir a cabalidad con uno de los objetivos
de cualquier dictadura: permear las diversas
expresiones culturales de manera que los
ciudadanos, incluso en su esfera privada, vivan
y respiren en esta nueva atmósfera. Estamos
hablando de la ideología de género.

Por: Giuliana Caccia (Perú)
Especialista en temas de Familia. Directora de la Asociación
Origen: vanguardia y cambio cultural

Desde hace al menos 30 años que Occidente está sufriendo la imposición de una forma de totalitarismo. Durante mucho tiempo pasó desapercibido porque no tuvo en sus inicios las expresiones universalmente conocidas que caracterizan a una dictadura convencional. Supo, astutamente, disfrazarse con ropajes democráticos, exacerbando los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Enarbolando la bandera de estos conceptos republicanos -cuyos contenidos hasta ese momento eran inequívocos- utilizó todos los mecanismos que el sistema brinda para avanzar a paso firme en su agenda de cambio cultural, consiguiendo con notable éxito implantar una nueva antropología, una redefinición de los principios mencionados y desarrollar un cuerpo legislativo basado en dichos cambios. Además, este totalitarismo cultural ha logrado cumplir a cabalidad con uno de los objetivos de cualquier dictadura: permear las diversas expresiones culturales de manera que los ciudadanos, incluso en su esfera privada, vivan y respiren en esta nueva atmósfera. Estamos hablando de la ideología de género.

En este artículo trataremos de esbozar, de manera general, cómo se impone un enfoque ideológico de cualquier tipo en las escuelas. Luego analizaremos cómo se ha ido implementado en el Perú, con énfasis en el sector educación, desnaturalizando principios y estructuras democráticas.

¿Cómo se impone un totalitarismo ideológico en las escuelas?

El mecanismo clásico utilizado por una dictadura convencional para imponer una ideología es crear un marco legal mediante normas impuestas desde el Ministerio de Educación, sin debates en el Poder Legislativo, o mediante sentencias del Poder Judicial –aun en contra de lo que piensa la mayoría de los ciudadanos– volviendo obligatorio que los escolares reciban ciertos contenidos, y prohibiendo que se impartan aquellos que contravengan la línea ideológica que se quiere imponer. Estos relatos deben tener, además, una línea transversal potente cuyo objetivo es minar la autoridad paterna y poner en cuestión todo espacio o institución que porte una cosmovisión distinta. A estas se las considerará “retrógradas” o “oscurantistas”, mientras se promueven con[1]tenidos “modernos”, que llevan al “progreso”, que se difunden sin que tengan mayor sustento en la realidad o en la ciencia. “retrógradas” o “oscurantistas”, mientras se promueven contenidos “modernos”, que llevan al “progreso”, que se difunden sin que tengan mayor sustento en la realidad o en la ciencia.

Para cerrar el círculo es imprescindible ir creando el cuerpo jurídico necesario que cancele y criminalice a todo aquel que pretenda oponerse a este nuevo enfoque que ha logrado alcanzar el rango de “ley”. Obviamente, al ser ya leyes, no acatarlas deviene en una conducta punible y, en algunos casos, hasta delictiva. Así, el ejercicio de derechos humanos básicos –como pueden ser el de la libertad de conciencia, libertad religiosa o libertad para educar a los hijos– pasa a ser parte del polvo debajo de la alfombra que nadie se da legitimidad) –y tras un proceso de construcción de un cuerpo legal sustentado, paradójicamente, en mecanismos democráticos republicanos– el llamado soft-law se sobrepone, sin ningún asomo de vergüenza, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos o sobre la Constitución Política de un país.

Este proceso de conquista cultural acontece bajo la mirada indiferente o complaciente de aquellos funcionarios públicos que deberían velar por el equilibrio de poderes (evitando así precisamente totalitarismos de cualquier índole) y de los ciudadanos que creen que su participación política se reduce únicamente a emitir un voto. Las élites con mayor poder económico viven como el hombre de negocios en El principito: más preocupados en mirar sus cuentas que en hacer algo con el meteorito del adoctrinamiento que ya reventó los cimientos de su hogar y de la sociedad en su conjunto. Cuando se dan cuenta, ya nos han arrancado la patria potestad y, más triste aún, el corazón y la mente de los niños. En muchos casos llegan incluso a destruir la posibilidad de que tengan un desarrollo físico saludable.

El mecanismo de adoctrinamiento descrito se puede activar para implantar (y destruir) cualquier sistema de valores. En el Perú, por ejemplo, los efectos de activar esta moledora se han visto reflejados, como en varios países del mundo, en la imposición gradual pero efectiva del llamado “enfoque de género”, que ha trascendido el sistema educativo y hoy es también obligatorio y transversal a todo el aparato público. Todo esto, como señalamos al inicio, utilizando mecanismos democráticos. Vale la pena mencionar la gravitación de otros actores, tanto públicos como privados, que influyen en el desarrollo de la cultura, como son los medios de comunicación, la industria editorial, del cine, del arte, las oenegés, los organismos internacionales, entre otros, que legitiman y retroalimentan lo enseñado en las aulas. Enumeramos a continuación algunos hitos que muestran cómo ha sucedido en el Perú en el caso del género.

¿Cómo se impone el género en el Perú?

En junio de 2016 se aprobó un nuevo Currículo de Educación Básica Escolar (CNEB) en el cual se incluyó el género como uno de los siete enfoques transversales. Esta decisión se llevó a cabo violando expresamente el art. 13 de la Constitución Política del Perú y el art. 5 de la Ley General de Educación, ya que no se consultó a los padres de familia si estaban o no de acuerdo con que el género se incluya como un enfoque obligatorio, siendo este una aproximación antropológica de índole moral que busca redefinir qué es el ser humano y cómo debe entenderse a sí mismo como un ser sexuado. Un asunto sumamente importante y que debería ponerse a consideración de quienes deben ser los educadores preferentes de sus hijos en valores. Frente a esto, ese mismo año un colectivo de padres de familia, llamado “Padres en acción”, presentó una acción popular alegando la violación a estos artículos legales y pidiendo dejar sin efecto la implementación del CNEB. Sin embargo, luego de casi dos años, el 3 de abril del 2019 el Poder Judicial peruano falló a favor del Ministerio de Educación y en contra de los padres de familia.

“Llegados a este punto, preguntémonos: ¿Qué es lo que no está funcionando en nuestra forma de gobierno republicano que permite que sea el mismo sistema el que juegue en contra de uno de sus valores constitutivos, como es la libertad? ¿Cómo activar la participación ciudadana para hacer un contrapeso?”

A esta sentencia judicial se sumó otra de índole política. Al día siguiente de la sentencia, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarthe, se presentó en el Congreso de la República para pedir cuestión de confianza para el nuevo gabinete del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Antes de empezar su exposición, del Solar celebró el triunfo judicial del Minedu y levantó el brazo con un documento en la mano, mientras anunciaba a toda la población la publicación de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por Decreto Supremo 008-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta norma establece, básicamente, que todo el aparato público debe direccionar sus acciones siempre en el marco del “enfoque de género”. Esto de manera obligatoria y sin mayor debate legislativo, impuesto desde un solo poder del Estado. Es más, el 15 de agosto del mismo año, durante su presentación en el seminario internacional Perú Business Women Summit 2019, del Solar Labarthe dijo: “La defensa del enfoque de género en la educación no es un capricho del Gobierno, es un de tema valores republicanos esenciales: igualdad y libertad en todos los sentidos”.

Otra acción relevante en este camino de imposición del género fue la publicación a mediados de 2021 de la Guía para implementar la Educación Sexual Integral. Recurso educativo dirigido a docentes de Educación Básica Regular. Con este documento se consolidó la obligatoriedad de la ESI(10) como única manera de educar en sexualidad a los niños peruanos violando, por decir lo menos, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa, la libertad de educar a los hijos en los valores propios, la libertad de los centros educativos privados para establecer su ideario, entre otras libertades cuya protección está contenida en distintos instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, empezando por la Constitución Política del Perú. ¿Esto es resguardar los valores republicanos esenciales, como dijo el exministro en aquel foro?

Para terminar, el 4 de agosto de 2022 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó el Decreto Supremo N° 010-2022 que dispone “la capacitación obligatoria en enfoque de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la Administración pública”. Nuevamente, haciendo uso de los mecanismos democráticos (o quizás sin que nadie se queje de su mal uso) se impuso una acción totalitaria que, como en las normas anteriormente nombradas, violan más de un derecho además de distintas normas de rango mayor. Hoy, en el Perú, más de un millón y medio de funcionarios públicos deben recibir entre 12 y 24 horas de talleres de género si quieren mantenerse en su puesto de trabajo. Cabe mencionar, y no es un tema menor cuando hablamos de “género”, el número de personas y asociaciones que encontrarán en esta disposición una mina de oro en su negocio de dictado de charlas sobre “enfoque de género”.

Obviamente, mientras todas estas normas que hemos mencionado se iban publicando, otras tantas de distinto rango seguían inundando el cuerpo legislativo del país, sin mayor resistencia por parte de ningún actor político de ningún estamento del Gobierno. Y esto sigue sucediendo. Llegados a este punto, preguntémonos: ¿Qué es lo que no está funcionando en nuestra forma de gobierno republicano que permite que sea el mismo sistema el que juegue en contra de uno de sus valores constitutivos, como es la libertad? ¿Cómo activar la participación ciudadana para hacer un contrapeso? ¿Qué rol puede jugar en este escenario la familia como institución fundamental de la sociedad? ¿Qué efecto puede tener fortalecer otras instituciones intermedias?

Estas son preguntas que nos deben llevar a la reflexión; pero no para quedarse allí, sino para promover una participación de la población que transcienda el hecho de emitir un voto cada cierto tiempo. En esta línea, urge una participación más activa de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos; empezando por su propia casa, pasando por la escuela y, luego, haciendo uso de distintos mecanismos existentes para ejercer sus derechos como uno de los actores fundamentales en la educación de los niños. Lo que está en juego cuando hablamos de educación es el futuro de las generaciones que un día tendrán en sus manos el destino de nuestra nación. Es tarea de todos velar porque en el ámbito educativo realmente se promueva la participación libre y respetuosa de todos sus actores. Sin libertad no habrá igualdad y mucho menos fraternidad.